La presidenta del Tribunal Electoral del Chaco aseguró que la medida cautelar y acción de amparo presentadas ante la justicia por la municipalidad de Resistencia para sufragar con la boleta en papel en vez de la boleta voto electrónico (BVE) en las elecciones municipales del 10 de noviembre “responden a un planteo caprichoso e irresponsable del intendente “Jorge Capitanich”, quien en un primer momento aceptó nuestras decisiones y después, por meros intereses electorales, pretendió desconocer sus propias acciones.
Así defendió el accionar del órgano jurisdiccional con competencia electoral y recalcó: “la facultad que nos otorga la Constitución provincial no se ejerció en forma arbitraria, sino que cada acta estuvo fundada en argumentos sólidos”.

Estos argumentos fueron volcados en el escrito de contestación del expediente de la Municipalidad de Resistencia c/ Tribunal Electoral s/amparo y medida cautelar interpuesto en el Juzgado Civil y Comercial N° 21.

Lucas consideró “necesario insistir que todo el daño financiero que invoca la intendencia se hubiera evitado si adhería a la invitación del Poder Ejecutivo de realizar los comicios municipales coincidentes con las generales como lo hicieron 56 de los 65 municipios de la provincia del Chaco”.

Además, recordó que en los comicios generales del 13 de octubre para elegir gobernador, vicegobernador y diputados “habrá 695 mesas y 213.046 electores que votarán con la BVE. Por lo cual estas actitudes interesadas del intendente capitalino solo llevan confusión a la sociedad”.

“También tenemos que recordar que una eventual segunda vuelta se desarrollaría el 10 de noviembre, la misma fecha prevista por los municipios que desdoblaron su elección. Ese fue el motivo que llevó al Tribunal Electoral a implementar el 100% de BVE en ellos y no recibimos queja alguna sino hasta después de las PASO nacionales”.

“Reclamo absurdo”

Lucas enfatizó que se trata de un “reclamo absurdo” porque “el mismo accionante recibió respuesta del Tribunal Electoral el 31 de julio y no formuló planteos con lo cual quedó firme y consentida nuestra decisión”.

“Ello demuestra en forma meridiana que no existe peligro actual e inminente, requisitos ineludibles para plantear un amparo, ni verosimilitud en el derecho suficiente como para justificar el despacho favorable de una medida cautelar”, agregó.

En la misma tónica las definió como “argucias que demuestran con claridad meridiana la carencia total de buena fe para litigar”.

Capitanich estaba a favor de la BVE

Por otra parte, Lucas, consideró necesario aclarar que “no es solamente el Tribunal quién lo considera de tal forma, sino que también lo dijo Jorge Capitanich cuando siendo gobernador vetó la Ley 7590 que prohibía la implementación del voto electrónico en la provincia con el argumento de que ‘se considera necesario su implementación… utilizando el uso de la tecnología digital para emitir el sufragio, lo que otorga certeza en la elección ya que, se considera que el procesamiento del voto (registro, validación y recuento) es rápido y preciso, se reduce o elimina la probabilidad de errores humanos, especialmente en el recuento de los sufragios, y facilita la operación a personas mayores o con cierto grado de discapacidad, si el aspecto visual, el diseño y la simplicidad del funcionamiento de la máquina así lo permite’”.

Lucas resaltó que “el intendente de Resistencia alega una supuesta imposibilidad y emergencia económica, sin aportar pruebas o fundamentación suficiente en tal sentido, sumado a la falta de criterio en esgrimir un monto certero del costo de la elecciones en formato boleta electrónica, expresando números antojadizos que oscilan entre 100 y 120 millones sin acompañar el presupuesto que lo indique, siendo en su caso un obrar cuando menos negligente en no presupuestar las elecciones desdobladas que en uso de sus facultades lo ha realizado, quedando en meras manifestaciones de imposibilidad económica”.

“Ello es suficiente para poner en evidencia que esta cuestión es introducida en base a apreciaciones puramente subjetivas del Intendente que se advierten más bien como interesadas que invoca primero la necesidad democrática de separar las elecciones municipales de las provinciales, para no confundir al electorado, pero al tomar conocimiento que su principal contrincante a la Gobernación que pretende, el Ing. Domingo Peppo se retiraba de la contienda, posterga toda postulación de limpieza o transparencia en los comicios”, señaló.

Todo esto difiere con la actitud del Tribunal que “fundó y aportó razones de peso para demostrar la imposibilidad material, económica, temporal, humana y logística para realizar las elecciones desdobladas en voto formato papel ya que las elecciones desdobladas coinciden con la fecha prevista para la segunda vuelta prevista para las elecciones generales unificadas”

En ese sentido consideró que el jefe comunal “arriesga generar una situación de gravedad institucional con un planteo caprichoso e irresponsable, por cuanto pretende invadir competencias propias, exclusivas y excluyentes del Tribunal Electoral”. Y “las consecuencias de acceder a su pretensión podrían ocasionar un daño irreversible a las instituciones poniendo en riesgo el equilibrio y la armonía del conjunto de órganos que conforman el concepto de república.

“El juez debería haber valorado que el amparo era inadmisible”

En su defensa de la tarea del órgano que preside, Lucas, afirmó que el juez civil y comercial sobre el que recayó la acción de amparo “debería haber valorado que era inadmisible”.

Esto porque “no se aportó ni una sola prueba de la insuficiencia presupuestaria, ni que los organismos propios de contralor hubieren observado algo a su respecto; pero, sobre todo, que una invocación de esta naturaleza efectuada por un órgano sin competencia constitucional, referido a supuestas dificultades de caja de un organismo público, jamás puede tener curso consideración por vía de la acción sumarísima de Amparo, prevista para la defensa de las personas y como garantía de ejercicio libre de sus derechos públicos subjetivos”.

“La inadmisibilidad es patente, y rayano a lo absurdo cuando se observa que el Intendente alude a una representación de la ciudadanía toda de la ciudad, arrogándose la defensa inasible del conjunto de la ciudadanía, entitulándose con una legitimación que es negada a los Defensores del Pueblo, Diputados o Senadores en la experiencia jurisprudencial ordinaria”, precisó.

“Coherencia con los antecedentes”

Finalmente, Lucas, insistió en la necesidad de que “los jueces de primera instancia dicten sus sentencias respetando los precedentes dictados fundadamente por la superioridad pero, sobre todo, cuidando la coherencia con sus propios antecedentes en especial cuando estos contienen pronunciamientos con sustento constitucional”.

“Es lo que vemos en el presente caso que aceptó la emergencia basada de modo genérica en ordenanzas y normativas esbozadas como “de emergencia” cuyo alcance y extensión ha sido demostrado como anticonstitucional en varias instancias, incluso por este mismo juzgado en el caso ‘Fornies’ (expediente 13.225/16)”, concluyó.

Fuente: Diario21tv

Compartir